Nunca es tarde si la dicha es buena. Con este conocido refrán, recibimos desde Pymecon, la llegada de la nueva Ley de Contratos del sector público (LCSP).

Hace justo un mes, el pasado 19 de octubre, el Parlamento aprobó la nueva Ley, si bien las mejores previsiones apuntan a que todavía tendrán que pasar cuatro meses, después de su tramitación entre el Congreso y el Senado, para entrar en vigor. Eso significa que estará vigente a principios de marzo de 2018, lo que supone un retraso de 22 meses respecto al plazo dado por Europa, que finalizó el 18 de abril de 2016.

Esta demora en los tiempos, por la que España se enfrenta a una posible sanción por parte de Bruselas, es una piedra más en el camino de las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la construcción, que volvemos a ser las más perjudicadas por la dilación del proceso. Y es que son, precisamente nuestras pymes las más interesadas en la entrada en vigor de la nueva normativa sobre las contrataciones públicas. Pero no tanto por lo beneficioso de la misma, sino porque el escenario actual es tan sumamente gravoso para nuestros intereses que es difícil que cualquier leve modificación no mejore las condiciones en las que nos enfrentamos a los concursos públicos y a sus pliegos de licitación.

Los datos no engañan en este aspecto. Desde 2009, una decena de grandes empresas se han repartido el jugoso pastel de las adjudicaciones públicas. Ya sea de forma directa o mediante la unión de varias empresas, el 70% de las obras a nivel nacional se han quedado en sus manos. En Extremadura la coyuntura es similar y en este caso, son seis los grupos que copan las adjudicaciones realizadas por el Gobierno autonómico.

Entre las ventajas que, sobre el papel, la LCSP presenta para las pymes, se encuentra que la nueva regulación establece que en los expedientes de las grandes obras debe justificarse la no división en lotes, justo al contrario de lo que marca a día de hoy. Esta medida supondrá un importante apoyo a las pymes, que representan el 98% del tejido empresarial en España, ya que un mayor número de empresas podrán optar a las licitaciones.

Otra de las demandas que desde Pymecon hemos venido realizando de manera insistente, es reducir el peso de la oferta económica en los pliegos de licitación. Pues bien, este concepto dejará de ser un criterio decisivo para la adjudicación con la nueva Ley. Según el texto, se tendrá en cuenta en la valoración la relación entre la calidad y el precio de las ofertas presentadas. Si con esto se consigue evitar que las grandes obras estatales que se realizan en nuestra región vayan, en su inmensa mayoría, a parar siempre a potentes empresas nacionales, será una buena noticia para las pymes extremeñas.

Si los fondos públicos comienzan a fluir y aumenta la obra pública en Extremadura, tal y como es necesario para renovar infraestructuras o adaptar edificios, la entrada en vigor de la LCSP debe suponer una buena herramienta para favorecer el desarrollo de las pymes de nuestra región.

En la reglamentación también se avanza en la lucha contra la morosidad, ya que el límite de pago se establece en 60 días, que comenzarán a contar desde la entrega del bien o la prestación del servicio. Con esto se pretende evitar que las empresas, principalmente subcontratistas, tengan que pasar por dificultades debido al retraso en los cobros, algo que afecta de forma más acusada a las firmas pequeñas y medianas, que dada la situación de debilidad en la que la crisis ha dejado a muchas de ellas, carecen de estructuras que soporten un endeudamiento prolongado.

Por último, un aspecto de la Ley que también afecta a las pymes extremeñas es que las administraciones no tendrán tantas facilidades para realizar adjudicaciones a dedo. En este sentido, los contratos menores reducen su cuantía hasta los 40.000 euros para obras (cuando en la actualidad es de 60.000) y obligatoriamente se deberá hacer publicidad de los mismos.

Desde Pymecon, confiamos, en que la LCSP se convierta en un verdadero  instrumento para la lucha contra el fraude y la sombra de corrupción que planea sobre algunas licitaciones públicas y que acabe con el abuso de los grandes grupos de construcción.