El pasado domingo entró en vigor el Real Decreto-ley 8/2019, aprobado por el anterior Gobierno de Pedro Sánchez, que busca poner en marcha medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral con dos principales novedades: la rebaja a los 52 años de la edad mínima para acceder al subsidio por desempleo, y la obligación, por parte de las empresas, de llevar un registro de la jornada laboral de sus trabajadores, independientemente del tipo de jornada, empresa o sector.

Las empresas se encuentran con esta nueva tarea que ha suscitado enorme revuelo, y cuyo incumplimiento será una infracción grave de la Ley del Estatuto de Trabajadores, con multas de hasta 6.250 euros, que pueden llegar a los 187.515 euros en caso de impagos reiterados de horas extraordinarias.

Para Fernando Calvo, Director de People & Culture de Hays España, «el registro por horas es acertado en sectores en los que el que lo que se retribuye es el tiempo de trabajo. Bien porque sean puestos de atención al público en los que hay un horario específico de atención, bien porque al cliente se le facture por horas de trabajo, bien porque sean tareas repetitivas y mecánicas. Sectores tan importantes para nuestros país como el turismo, la construcción, la Administración, entornos industriales o puntos de venta reúnen muchas de estas posiciones».

«La dificultad se encuentra en aquellos sectores en los que el resultado del trabajo no depende tanto del número de horas, como de la capacidad y calidad del trabajo. Cada vez son más las empresas que organizan a sus empleados no por horarios, sino por proyectos y objetivos. Un comercial, por ejemplo, no está en su puesto de trabajo en muchos momentos del día. Sin embargo, sí es tiempo dedicado a su actividad que es difícil de controlar y monitorizar. Lo mismo ocurre con un gestor de proyecto, con un abogado o con un periodista. ¿Cuántas horas trabaja un corresponsal? ¿Es mejor profesional aquél que dedica muchas horas o el que obtiene mejores resultados?».

Son muchas las empresas a las que este Real Decreto ha cogido sin saber cómo aplicarlo. El gobierno debería aprobar lo antes posible el Reglamento de aplicación para ver las mejores formas de adaptar esta legislación a la realidad y necesidades de cada empresa, de forma que realmente beneficie a los empleados y no suponga un retroceso en los logros conseguidos.

FUENTE: https://www.inmodiario.com