Días atrás, ha sido noticia de alcance general el hecho de que los Estados de la unión Europea (El Consejo) respaldaran la Recomendación de la Comisión Europea, de 27 de julio, por la que se emplaza a España a tomar medidas para la reducción del déficit, otorgándole dos años extra para su corrección, y “salvándola” de la multa por incumplir el déficit marcado. Pues bien, en la citada Recomendación, la Comisión vierte duras críticas al Reino de España por su elevada opacidad en materia de contratación pública, exigiendo adopte medidas inmediatas para corregirlo, en concreto en su apartado 14, señala:
“España también debe prestar la debida atención a los aspectos cualitativos de las finanzas públicas, incluida su política de contratación pública. Ha sido significativo el número de irregularidades con un impacto en la aplicación de la legislación sobre contratación pública de la UE puesto en conocimiento de la Comisión durante los últimos años. Los datos ponen de manifiesto que existen divergencias en la ejecución de los contratos públicos en las entidades y autoridades de contratación y que la falta de mecanismos de control a priori y a posteriori suficientes obstaculiza la aplicación correcta y uniforme de la legislación en materia de contratación pública. España destaca por una baja tasa de publicación de los anuncios de contratos y un nivel relativamente elevado de recurso al procedimiento negociado sin publicación previa en comparación con otros Estados miembros. Esto se traduce en una competencia limitada de las empresas de los demás países de la UE y, con frecuencia, en adjudicaciones directas, con consecuencias en términos de aumento del gasto de las administraciones públicas. El uso limitado de los instrumentos de contratación centralizada o conjunta impide que las mejoras de eficiencia contribuyan a los ahorros presupuestarios. La falta de un organismo independiente encargado de garantizar la eficacia y el cumplimiento de la legislación en materia de contratación pública en todo el país obstaculiza la aplicación correcta de las normas de contratación pública y puede generar oportunidades para cometer irregularidades, lo cual tiene efectos negativos sobre la situación de la hacienda pública española.”
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