La factura electrónica ha supuesto, en sus seis primeros meses de uso obligatorio, un ahorro cercano a los 22 millones de euros a la Administración Pública (13.860.000) ya las empresas (7.868.000).

Según un estudio elaborado por Seres, y citado por el Ministerio de Administraciones Públicas el ahorro de una factura en formato electrónico es de 4, 95.euros para el receptor y 2,81 para el emisor. En tiempo, las empresas dedican 250.000 horas menos de trabajo en la recepción de facturas y 40.000 menos en emisión.

Desde el 15 de enero al 15 de junio, se han emitido 2,8 millones de facturas electrónicas que suman más de 15.000 millones de euros; de ellas, 2.380.829 facturas (85%) no estaban obligadas a este formato al ser importes menores de 5.000€.

El director de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Domingo Molina, confirma el éxito de este «sistema gratuito» y «automatizado» que elimina los trabajos manuales, las interpretaciones, el gasto público en duplicidades, los tiempos de consulta del estado de la factura, y facilita el control de las mismas, evitando que el trámite «se estanque». Destaca Molina que antes de la entrada en vigor de la obligatoriedad de este nuevo modelo de facturación había más 3.386 entidades tramitadoras de facturas dadas de alta y ahora «sólo hay una», un «punto general de entrada» para recibir, en un mes desde la prestación del servicio, todas las facturas electrónicas que corresponden a las entidades, entes y organismos vinculados o dependientes de una administración pública. «Se gana en control» y «se evita» que queden facturas en el cajón, matiza el director.

Fuente: “Revista El Empresario”