Las pymes asumen costes financieros para cobrar en el plazo que marca la normativa. La Plataforma contra la Morosidad reclama aprobar ya un régimen sancionador.

Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), destaca con frecuencia en tono de broma que «España inventó el helicóptero, el submarino… y el confirming». Y no es que este sea un instrumento financiero perverso por naturaleza (consiste en ceder a una entidad financiera la gestión del pago a proveedores, que pueden cobrar antes del plazo previsto a cambio de intereses y comisiones), sino que puede serlo como consecuencia del uso que se le da.

Y eso es precisamente lo que denuncia esta organización que agrupa a más de un millón de pymes y autónomos: las tretas y los ardides de las grandes compañías, en especial de constructoras y cadenas de distribución, para simular que cumplen la ley de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, pero a costa de que sus subcontratistas carguen con costes financieros por el mero hecho de cobrar sus facturas en el periodo legal.

La única salida, según Cañete, es que se apruebe ya la ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad con un régimen sancionador. «Nada justifica que este proyecto, que ya se ha tramitado, esté paralizado en el Congreso». Con estas medidas, agrega, no se desvirtuarán los avances de la ley de contratos del sector público, que entró en vigor en marzo y obliga al cumplimiento de los plazos de pago a las empresas que licitan.

La ley del 2010, por su parte, fijaba un plazo máximo de 60 días en las transacciones entre empresas y de 30 en las de estas con las administraciones a partir del 1 de enero del 2013. Según los estudios de esta entidad, aún no se cumplen en términos medios ninguno de estos plazos, especialmente en el sector privado.

PACTOS PROHIBIDOS / Según Cañete, grandes compañías «han comenzado a tirar de ingeniería» con sus subcontratas, lo que ha hecho que cobrar dentro del plazo legal sea un coste para los beneficiarios debido a «una posición de dominio» y pese a que «por ley está prohibido el pacto entre las partes». Según los datos de la plataforma, el año pasado a casi tres de cada cuatro proveedores «se les impusieron plazos de pago superiores a los de la ley».

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