La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, está haciendo estragos en general, pero sobre todo en el ámbito de la construcción, el que más dinero mueve. Esta nueva ley proporciona mayor transparencia y más control sobre todo el dinero que sale de las administraciones. Reduce los importes en los contratos menores, obliga a más sujetos a cumplir dicha ley y no hace tanto hincapié en el precio y sí en criterios sociales y medioambientales. Sin embargo, su primer efecto está siendo nefasto en la región pues ha supuesto una merma en la actividad y apenas ha permitido que salgan proyectos a concurso, coinciden todas las asociaciones del sector de la construcción.

Entre el 1 de enero y su entrada en vigor el pasado 9 de marzo en Extremadura se licitaron obras por 76,1 millones de euros (24, 7 en la provincia de Cáceres y 51,4 en la de Badajoz), mientras que desde el 9 de marzo hasta el pasado 7 de junio, un periodo similar que ronda los tres meses, el volumen de contratación descendió llamativamente pues apenas superó los 8 millones de euros (2 millones en Cáceres y 6,3 en Badajoz). Esto es un 88% menos.

Por su parte, la Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción y Afines de Extremadura (Pymecon), la otra patronal del sector, ésta con Plasencia como área de influencia, ya se expresó la semana pasada través de un comunicado su preocupación por el parón que, a su juicio, experimenta la región en materia de contratación de obra pública debido a la entrada en vigor de la nueva Ley.

Según manifestaron, entre sus exigencias figura la necesidad de que toda la licitación pública se lleve a cabo de forma electrónica. «Esta cuestión, que aparentemente debería ser intrascendente ya que todas las Administraciones conocían con gran antelación la necesidad de adecuar sus estructuras a esta obligación, está suponiendo un auténtico bloqueo y caos».

FUENTE: http://www.hoy.es EN