El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 cuenta con una dotación estatal de 1.443 millones de euros. Este importe arroja un incremento del 62,46% con respecto a la dotación presupuestaria de los ejercicios correspondientes al plan 2013- 2016 (888 millones de euros). Para poder lograr la cuantía máxima, las comunidades y ciudades autónomas tendrán que aportar un 30% adicional a la financiación que le corresponde en este plan.

El nuevo plan, como los anteriores, será gestionado por las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. A tal efecto, el Ministerio de Fomento firmará convenios de colaboración con cada administración autonómica para su ejecución.

En virtud del nuevo Plan de Vivienda, se conceden ayudas para el alquiler de viviendas a personas cuyos ingresos, sumados los de todos los miembros de la unidad de convivencia, no superen 3 veces el IPREM. Estas ayudas serán de hasta el 50% de la renta y para alquileres de hasta 600 euros/mes o, en algunos supuestos, hasta 900 euros/mes.

El límite de la ayuda es, con carácter general, del 40% de la renta. Este porcentaje se eleva hasta el 50% para los menores de 35 años y los mayores de 65.

Para los jóvenes, se otorgan además ayudas para la adquisición de vivienda en municipios de menos 5.000 habitantes, lo que ayudará a reducir la despoblación en el ámbito rural.

También se conceden ayudas a la promoción de viviendas, ya sean públicas o privadas, para destinarlas al alquiler durante un plazo no inferior a 25 años. Estas viviendas no pueden alquilarse por encima de un nivel de renta y se destinarán a familias con ingresos limitados.

Asimismo, el plan recoge ayudas a la rehabilitación edificatoria: mejora de la eficiencia energética, conservación y mejora de la accesibilidad de viviendas y edificios. Estas ayudas, con carácter general, serán de hasta el 40% de la inversión. Si los ingresos de la unidad de convivencia son inferiores a 3 veces el IPREM pueden llegar hasta el 75%. En los supuestos de mejora de la accesibilidad también pueden llegar hasta el 75% si el beneficiario es una persona mayor de 65 años o con discapacidad.

La inversión global inducida se estima en 3.047 millones de euros y permitirá la creación de 60.320 puestos de trabajo.

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