Las críticas que ha recibido el proyecto de ley por el derecho a la vivienda, que aluden tanto a motivaciones políticas como a defectos técnicos, aumentan a medida que el texto se difunde, se analiza y se debate, pese a que la norma tiene por delante todavía la tramitación legislativa y muy probablemente no se aplicará hasta el próximo ciclo parlamentario.

Paradójicamente, y aunque se trata de una ley fuertemente intervencionista, el hecho de que delegue la aplicación de buena parte de sus disposiciones en las comunidades autónomas y ayuntamientos complica extraordinariamente su ejecución en un sector caracterizado ya por una regulación muy atomizada.

Esa delegación suavizará el afán de intervención en el mercado de la norma, hasta el punto de que desde el sector inmobiliario hay voces que ponen en duda que vaya a aplicarse en un buen número de municipios. Tampoco tiene nada de extraño si se tiene en cuenta que se trata de un texto nacido con el objetivo de poner coto a los precios del alquiler, un problema que afecta a algunos municipios, como es el caso de Madrid, Barcelona o algunas localidades costeras, pero no a todos.

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