El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, se ha abierto a explorar un modelo de contratación colaborativo entre el Estado y las empresas privadas para poder hacer frente a la inversión requerida de 100.000 millones de euros estimada hasta 2030 en infraestructuras, toda vez que en 2026 se acabará el efecto de los fondos europeos.

Pensamos que la colaboración público-privada tiene claramente futuro, no estamos cerrados en ningún caso a avanzar en este modelo colaborativo. Somos conscientes de que esto puede afectar solo a algunos contratos, los que tengan una mayor complejidad y un mayor volumen de inversión, pero seguramente va a ser la única manera de que podamos seguir avanzando en infraestructuras al ritmo que nos exige la sociedad», ha argumentado.

En el mismo evento, el presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), Julián Núñez, ha pedido la participación del Ministerio en la implementación de modelos colaborativos en su calidad de mayor promotor de obra civil de España.

Núéz ha explicado que hay dos variables determinantes en el beneficio socioeconómico de toda infraestructura: su plazo de ejecución y su coste económico, para cuya consecución el sector privado y el público se alinean, maximizando el valor del proyecto en los estándares técnicos de sostenibilidad y de calidad definidos por el órgano de contratación. «Tiene ventajas como fomentar una mayor transparencia durante la ejecución del contrato, al posibilitar la adopción de modelos de libros abiertos, contribuyendo a una mayor certidumbre de los costes y de la verificación del precio del mercado real, o la ventaja de reducir la litigiosidad entre las partes, acudiendo para ello a figuras como la mediación o el arbitraje», ha defendido.

Así mismo en Extremadura , Martín Castizo ha remarcado en su intervención ante los diputados extremeños que «cualquiera de las fórmulas de colaboración público-privada» que están sobre la mesa «no va a tener coste para el bolsillo de los extremeños».
Quiero dejarlo muy claro, no va a implicar que los extremeños tengan que pagar por circular por las autovías regionales, en ningún caso», ha insistido el consejero, quien ha contrapuesto este planteamiento con el afán «recaudatorio» del Ministerio de Transportes que «pretende cobrar por circular por las autovías estatales que recorren la región sin proveer a los extremeños de vías alternativas de transporte.

Asimismo, ha remarcado que «lo primero» que ha hecho ha sido reunirse con las empresas extremeñas, que según el consejero han acogido «muy bien» este nuevo modelo, para que «generen empleo y riqueza» y se quede en la región.

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