La entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público el pasado 9 de marzo persigue principalmente la transparencia y agilidad burocrática en la tramitación de las licitaciones. El texto legislativo establece que el diseño de los criterios de adjudicación debe garantizar obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores.

Estos criterios relacionados con la calidad deberán representar, al menos, el 51% de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas presentadas en todos los contratos de servicios del Anexo IV de la Ley, así como en los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura.

En este contexto, las empresas se ven obligadas a ofrecer productos que respondan a las necesidades medioambientales y de innovación de los ayuntamientos y de otras administraciones públicas. Se abre de esta manera una puerta a la inclusión de prestaciones que pueden mejorar en gran medida la calidad de vida de las ciudades.

En este escenario, SIM Levante se presenta como colaborador en la adaptación de los gobiernos locales a la nueva Ley de contratos públicos, ofreciendo a estas, tecnologías disruptivas como SSManager, soluciones de movilidad y City Care.

Así pues, la nueva Ley 9/2017 en su persecución de aportar mayor transparencia y agilidad burocrática, así como mejorar la relación calidad/precio de los contratos públicos, abre la puerta a servicios tecnológicamente avanzados que han sido concebidos para satisfacer las necesidades de una sociedad cada vez más exigente y digitalizada.

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