Mas de medio centenar de empresas reunidas en la Sede de la Cámara de Comercio de Cáceres, han suscrito  un MANIFIESTO en el que muestran su enorme preocupación por la escalada alcista que están experimentando los costes de ejecución, energéticos y de materiales, en especial los que se emplean en construcción, así como los problemas de suministro que adicionalmente se han generado y que retrasan la ejecución de las obras, y solicitan la adopción de medidas urgentes para paliar los incrementos de precios en el sector de la construcción.

Sostienen que las medidas adoptadas tanto por el Gobierno de España (Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo), como por la Junta de Extremadura (Disposición adicional decimoquinta, que se incluyó en la Ley de Presupuestos del 2022, y el Decreto-Ley 2/2022, de 4 de mayo), siendo necesarias, son de todo punto insuficientes para compensar los incrementos de costes.

La ejecución de las obras en curso o adjudicadas desde el último trimestre de 2020, están generando pérdidas que soportan exclusivamente las contratas, lo que está haciendo poner en grave riesgo de sostenibilidad a muchas empresas constructoras y de sectores afines.

Esto va a llevar a la deriva: contratos de obras en marcha, con demoras, paralizaciones, y rescisiones; va a dificultar el inicio de trabajos en las nuevas adjudicaciones; y va a dejar desiertas licitaciones, de inversiones o dotaciones que son necesarias e imprescindibles para el desarrollo socio económico. El problema no es sólo de las empresas, con ser eso grave dado el peso de la construcción en nuestro PIB y la cantidad de empleo que genera, sino que es un problema para toda la sociedad.

Téngase en cuenta que se está produciendo un retraso significativo en actuaciones necesarias, de construcción o mantenimiento en hospitales, centros de salud, carreteras, centros de servicios a la ciudadanía, colegios, institutos, entornos urbanos, abastecimiento y depuración de aguas, etcétera.

Con este sombrío panorama, va a ser tremendamente complicado, por no decir imposible, acometer la ingente cantidad de obras, que merced a los fondos europeos se prevé que deban llevarse a cabo. Un gravísimo problema que puede suponer la pérdida de una oportunidad irrepetible, que comunidades autónomas como la nuestra no pueden permitirse en el actual contexto.

Por todo ello, instamos, reclamamos y exigimos a las distintas administraciones: Estado, Junta de Extremadura, Diputaciones, Mancomunidades, Ayuntamientos y Organismos Autónomos, a que adopten las medidas correctoras necesarias para que las empresas puedan ejecutar las obras en tiempo y forma, sin que estas supongan una ruina para el sector privado.