La Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción y Afines de Extremadura, PYMECON, quiere poner de manifiesto su preocupación por el parón que en materia de contratación se está experimentando en la región, especialmente desde la entrada en vigor de la nueva ley de Contratos del sector público que entre sus exigencias destaca la necesidad de que toda la licitación pública se lleve a cabo de forma electrónica.

Esta cuestión, que aparentemente debería ser intrascendente ya que todas las administraciones, conocían con gran antelación la necesidad de adecuar sus estructuras a esta obligación, está suponiendo un auténtico bloqueo y caos en muchos casos que está conllevando un parón absoluto en la licitación de obras públicas de la mayoría de administraciones. Esta falta absoluta de previsión y preparación es totalmente inadmisible.

Lamentablemente y como reiteramos a pesar de que se conocía, la mayoría de administraciones no están técnicamente preparadas para poder llevarlas a cabo, lo que en el caso de Extremadura puede  suponer incluso la pérdida y devolución de fondos europeos destinados a inversiones que no se van a llevar a cabo, cosa que una Comunidad como la nuestra no puede permitirse bajo ningún concepto, dada su precaria situación.

Y es que aparte del parón en las licitaciones, no hay ejecuciones de obra en marcha, y ponemos como ejemplo el Plan de Desarrollo Rural, que llevará poco más de un 20% de ejecución a las alturas de año a las que nos encontramos o las actuaciones en obras hidráulicas y depuración. La conclusión es que se pueden perder por este motivo, del orden de 50 o 60 millones de euros a consecuencia de esta mala gestión, derivada de los problemas de licitación fundamentalmente.

En este sentido, añadimos además que si adicionalmente al problema denunciado, no hay fondos para afrontar la cofinanciación que exigen este tipo de planes con subvención comunitaria, desde Pymecon proponemos que se arbitren fórmulas por parte del Gobierno de Extremadura, para poder conseguir los recursos necesarios, ya que es intolerable que se pueda llegar al caso de que se tenga que renunciar a gran parte de esos fondos.

Por otro lado desde la Federación también denunciamos la existencia de ofertas de obras que sacan la mayoría de grandes constructoras del país que exigen a los subcontratistas que acepten pagos a   180 e incluso 210 días, lo cual supone un abuso absoluto además de un incumplimiento flagrante de la ley, con unas condiciones impuestas y sobre las que prácticamente no cabe negociación, y que además se incluyen “como peticiones de la propia empresa” subcontratista.

Es una cuestión inaceptable que choca contra cualquier normativa existente en materia de lucha contra la morosidad, por lo que confiamos en que la nueva Ley de contratos del sector público empiece a paliar y erradicar estas prácticas abusivas de los grandes grupos empresariales constructores en lo relativo a obras públicas, y que esto se acabe traduciendo al ámbito privado, donde como decimos se siguen empleando estas prácticas abusivas.

Para finalizar, queremos poner de manifiesto la falta de rigor existente en  proyectos de obras que sacan a licitación algunos organismos, ya que tenemos la percepción de que hay técnicos que están a la defensiva y en muchos casos su acción supone una huida hacia adelante, intentando por todos los medios que se ejecuten las obras con las carencias que recogen los proyectos, lo que redunda en perjuicio de las empresas adjudicatarias.

De este modo no se permite ni una sola liquidación adicional, incluso en los supuestos en los que llega a reconocerse por los propios técnicos encargados de la redacción que faltan cuestiones básicas en el proyecto, pese a lo cual no se admiten ningún tipo de ampliaciones ni modificados sobre los mismos, llegándose a la paradoja de tener que rechazar en diversas ocasiones la invitación para presentar ofertas dado que hay proyectos que no cubren ni siquiera gastos de ejecución.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA