La Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) ha propuesto al Gobierno un «gran pacto» con los promotores públicos y privados, el sector de la construcción y el financiero, con el fin de «edificar o renovar lo antes posible un parque diversificado» de vivienda pública, tanto en venta como en alquiler. En el marco del anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda -que está preparando el Ejecutivo-, el secretario general de APCE, Daniel Cuervo, apostó por «recuperar las políticas de fomento de la promoción de vivienda de protección oficial» con planes estatales, cuya periodicidad no se ciña al «escaso margen de tan solo cuatro años».

Tras defender la figura de la vivienda de protección oficial como «mecanismo que ha dado respuesta en sus diversas tipologías (venta, alquiler y otras) y fórmulas (régimen especial, general o concertado) a la provisión de una vivienda digna y adecuada a la ciudadanía», desde la APCE se pide que se establezcan «módulos para que puedan ser viables las promociones» y que se determinen los ingresos máximos de los adquirientes o de los arrendatarios.

En el paquete de propuestas trasladado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) para que sean contempladas en la nueva ley de la vivienda, los promotores también piden que evite las «medidas coercitivas», así como la distinción entre propietarios y grandes tenedores. Según la definición que aparece en el Real Decreto-ley 11/2021, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, los grandes tenedores (para la aplicación automática de la moratoria de la deuda arrendaticia) son aquellos titulares que poseen más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o que tengan una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, lo que para la APCE «implica contrariedad, arbitrariedad, injusticia y discriminación entre propietarios».