El Gobierno ha accedido a una de las peticiones históricas que reclaman, desde hace varios años, las medianas y pequeñas empresas: que se penalice a las grandes compañías por la morosidad en los pagos comerciales a sus proveedores. Así, la nueva Ley de Contratos Públicos sancionará la morosidad comercial en la oferta económica de las licitaciones. Según el informe de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, las empresas del Ibex abonan sus facturas en un plazo medio de 187 días, el triple del máximo legal permitido por la ley.

La nueva medida aprobada por el Gobierno penalizará a las constructoras que excedan el plazo permitido por la ley en el pago a sus proveedores. “Si una empresa paga tarde a sus proveedores se entenderá que tiene problemas de solvencia y eso contará (en su contra) en las licitaciones”, según aseguró recientemente la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Platero.

Otra de las medidas que se contempla en la nueva Ley es el criterio de adjudicación, donde se tendrá en cuenta el periodo medio en el que el contratista paga a sus proveedores, lo cual podría beneficiar a las compañías que paguen sus facturas con mayor rapidez.

El Ministerio de Hacienda ultima otra de las modificaciones en la Ley de Contratos del Sector Público: que las empresas que concursen en las licitaciones públicas presenten una “declaración responsable”, por la cual aseguran que cumplen los requisitos de los pliegos. “Esta declaración responsable es totalmente compatible con la normativa europea”, según Platero. La Administración europea que licite un proyecto en el que participe una empresa española “comprobará simplemente los datos en el registro”, añadió la subsecretaria del Ministerio de Hacienda.

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