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Entre ellas destacan actuaciones energéticas en los colegios y la rehabilitación de 56 viviendas sociales. El sector advierte que si no hay revisión de precios, cerrarán empresas y peligrarán los fondos europeos.
Las empresas están «asfixiadas» con sobrecostes que se mueven entre el 20% y el 40% y la consecuencia es que en el último año un total de 68 obras han quedado desiertas en Extremadura: 21,4 millones de euros que no se han podido ejecutar por la falta de licitadores interesados.
En esta línea también se pronuncia la Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción y Afines de Extremadura (Pymecon). «Al anularse las ampliaciones de revisión de precios que otorgaba la Junta y quedarnos solo con las estatales, no se cubre ni el 18% de la subida de los materiales, mientras que con las ayudas autonómicas se alcanzaba casi el 50%», indicó ayer el colectivo en un comunicado en el que vuelve a insistir en el «gravísimo problema» que está atravesando el sector de la obra pública.
En la misma línea se expresa Pymecon. Según el colectivo, desde la Junta de Extremadura manifiestan que se ha trasladado a la Administración General del Estado la necesidad de mejorar su normativa en materia de revisión de precios, toda vez que las comunidades autónomas están retirando las disposiciones que venían a complementar la estatal.
«A día de hoy no hay noticias respecto a la modificación de acuerdos de continuidad de obras basados en la indemnización por la revisión de precios de la Junta, y prácticamente ni una empresa ha percibido un euro por revisión de sus contratos, a lo que se añade la ausencia de acogimiento a la revisión de precios extraordinaria por parte de diputaciones y ayuntamientos», indica Pymecon.
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