La futura ley de vivienda, ya en trámite de aprobación parlamentaria tras haber recibido la primera luz verde en el Congreso de los Diputados, recoge entre sus novedades un mecanismo para que los ayuntamientos puedan penalizar las casas deshabitadas a través de diferentes recargos en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Con estas sanciones, la factura máxima de cada vivienda vacía en España se incrementaría hasta los 788 euros al año desde los 315 euros que se abonan normalmente por el impuesto, siempre en términos medios.

Para que esto suceda, no obstante, cada gobierno local deberá decidir si actúa o no sobre los inmuebles desocupados de su jurisdicción. En caso afirmativo, los consistorios tendrán que ponerse manos a la obra y hacer un barrido de datos que permita identificar qué viviendas cumplen con los requisitos que recoge la normativa. A partir de aquí, los ayuntamientos podrían aplicar diferentes recargos sobre el tributo: uno del 50%, otro del 100% y otro máximo del 150%.

El objetivo de esta fórmula, según detalla el proyecto de ley, es optimizar “el uso del parque edificatorio residencial” y reforzar “el instrumento de los ayuntamientos para hacer frente a situaciones de vivienda desocupada a través de la fiscalidad”.

FUENTE: https://cincodias.elpais.com/