La empresa pública soporta 557 litigios entre las fases judicial y administrativa.
Los pleitos con los contratistas exigen provisiones por más de 500 millones.
Una menor dependencia del mercado local y la creciente reticencia a negociar sobrecostes en los presupuestos de la obra pública, han hecho que las constructoras y concesionarias no hayan dudado en llevar a Fomento y sus empresas ante la justicia por desacuerdos por más de 6.000 millones. Se trata de liquidaciones de proyectos e interpretación de contratos que se dispararán con el caso de las autopistas radiales. La palma se la lleva Abertis con la demanda de compensaciones por más de 3.400 millones. Pero no es un caso único.
La conflictividad del sector privado con el que siempre fue un cliente mimado viene creciendo exponencialmente desde 2014 y centenares de litigios se amontonan en los tribunales. Es en estos meses cuando comienza a apreciarse cierto relajamiento en el choque.
El verdadero polvorín es Adif, que a su vez es el principal promotor de obra pública del país. La encargada de construir la red de alta velocidad tiene hasta 557 casos abiertos para un volumen de reclamaciones que alcanza, según ha podido saber Cinco Días, los 980 millones de euros.
De esa cifra reconocida por Adif, 660 millones en disputa han llegado a la vía contencioso administrativa y principalmente se dirimen en instancias judiciales regionales. Los otros 320 millones de euros corresponden a reclamaciones que las constructoras han presentado ante la propia Adif (en fase administrativa) y que, de no ser resueltas a favor de los contratistas, tienen visos de terminar también ante los jueces.
Diferencias en las mediciones de las certificaciones; la petición de las revisiones de precio (evolución del coste de determinados materiales esenciales en una obra durante el periodo de ejecución); sobrecostes por ampliaciones de plazo y paralizaciones, y la falta de acuerdo en modificados, son las principales causas de controversia.
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