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as seis mayores constructoras —Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr— no han tardado en cargar en tropel contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la multa de 203,6 millones de euros impuesta por repartirse durante 25 años, entre 1992 y 2017, miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras, como hospitales, carreteras o aeropuertos. A través de su asociación Seopan, que solo agrupa a las grandes constructoras y concesionarias, ha acusado al regulador de “falta de rigor por cuanto prescinde de los necesarios elementos de prueba, basándose en meras apreciaciones subjetivas, opiniones o sospechas, que vulneran el derecho de las empresas a la presunción de inocencia.
La asociación denuncia que el expediente sancionador perjudica “muy gravemente y de forma injusta la reputación de las empresas afectadas” (inmersas, por lo demás en otros expedientes sancionadores por parte de la CNMC), y precisa que la resolución no es firme y deberán ser los tribunales de Justicia los que, en su momento, se pronuncien sobre los hechos imputados en los recursos que las empresas afectadas van a interponer ante la Audiencia Nacional.
Asimismo, Seopan señala que, tal como la propia resolución reconoce expresamente, las prácticas investigadas “no se han calificado de cártel por no tratarse de una colusión de las típicamente sancionadas por las autoridades de Competencia”. Es decir, la CNMC reconoce que no se ha producido ningún acuerdo sobre fijación de precios o de reparto del mercado, “como erróneamente se ha podido interpretar por algunos medios de comunicación”.
FUENTE: https://elpais.com/
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