El nuevo plan estatal de vivienda pretende marcar un punto de inflexión en la gestión de los fondos públicos. Para que las autonomías puedan acceder a los recursos que pondrá sobre la mesa el Gobierno central —4.000 millones de euros entre 2026 y 2030, en una iniciativa que podría movilizar más de 7.000 millones si las comunidades autónomas aportan el 40% restante, como ha propuesto Pedro Sánchez en una carta previa a la Conferencia de Presidentes— será condición obligatoria que las viviendas financiadas con este dinero queden blindadas de forma indefinida. Es decir, no podrán pasar al mercado libre ni venderse a precio de demanda y permanecerán como vivienda pública para siempre. Las autonomías que no se comprometan con ese modelo no podrán acceder al dinero del plan, según han relatado fuentes del Ejecutivo este martes.
Las fórmulas para garantizar este blindaje de la VPO pueden variar: desde reformas reglamentarias hasta compromisos por proyecto. No se exige una modificación legislativa autonómica, pero sí garantías jurídicas efectivas que, de no presentarse, bloquearán el flujo de fondos para esos territorios. De esta forma, el Gobierno utiliza su capacidad de reparto de dinero para obligar a las comunidades a legislar según su criterio, pese a que las competencias en esta materia son autonómicas, como dejó claro el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre la ley de vivienda.
El reparto territorial de los fondos, como ha ocurrido con los otros planes, se determinará en las conferencias sectoriales. Los criterios históricos —como el nivel de tensión del mercado, la dispersión de la población, la insularidad o las tasas de desempleo— seguirán aplicándose. En función de esos parámetros se establecerá la cantidad de dinero que corresponderá a cada comunidad, que deberá definir después su propia aportación.
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