La Junta de Extremadura contará con un órgano específico para velar por la limpieza de los contratos públicos y evitar posibles casos de corrupción. Es una de las novedades incluidas en la propuesta de ley de contratación pública socialmente responsable, una medida pactada entre Podemos y PSOE (que fue presentada ayer por separado por cada grupo) que forma parte del acuerdo presupuestario suscrito entre las dos formaciones. Es también una de las iniciativas legislativas anunciadas la pasada semana por el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, en el debate sobre el estado de la región.

La propuesta también recoge las llamadas cláusulas sociales, que son los criterios de tipo medioambiental, social y laboral (como el respeto a los convenios colectivos) que se incluyen como condiciones en los contratos públicos. Actualmente ya se aplican, pero ahora se elevan a rango de ley. Además, se establece un mecanismo de control para asegurar su cumplimiento.

La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Ascensión Godoy, destacó este miércoles en la presentación de esta propuesta de ley que la iniciativa está llamada a «crear empleo, garantizar la aplicación de las cláusulas sociales y facilitar el acceso de las pymes a la contratación autonómica».

También destacó el impulso de la licitación electrónica, lo que ahorrará costes; y la figura del concierto social, que será regulada en otra propuesta de ley del PSOE.

Por su parte, el secretario general de Podemos, Álvaro Jaén, subrayó que se mejorará la transparencia en los concursos y «primará más la calidad del servicio y los derechos laborales, con lo que se evitará, por ejemplo, casos como el de las ambulancias o las evidentes deficiencias en los comedores escolares».

El texto recoge además limitaciones en las duraciones de los contratos para evitar «situaciones abusivas como los contratos del agua».

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