El resultado de las urnas deja un presente político marcado por las negociaciones para la configuración del nuevo Gobierno y un futuro incierto que depende de éstas. Lo que es una certeza es el contexto socioeconómico al que tendrá que hacer frente los nuevos Ejecutivo y arco parlamentario.

Debemos tener en cuenta que en los próximos años la economía europea vivirá una desaceleración y que los fondos Next Generation EU serán un elemento clave para impulsar nuestra competitividad. Por otro lado, contamos con una deuda pública elevada que, junto al gasto social, deja pocos recursos para invertir en el crecimiento de nuestra productividad (I+D, sostenibilidad, digitalización…).

En primer lugar, como consideramos que la Administración Pública debe ser un elemento más de competitividad empresarial, requerimos un pacto de Estado para la simplificación y eficiencia administrativa. Hace mucho tiempo que las pymes reclamamos trámites más fáciles y ágiles y menos dispersión normativa, con un servicio activo a empresas y personas trabajadoras.

En segundo lugar, urge equiparar la inversión del Estado en infraestructuras en relación con la participación relativa al PIB catalán sobre el estatal. En caso de que las partidas presupuestadas no asuman cierto nivel de ejecución, como por ejemplo el 90%, se debería establecer un sistema de garantías para que transfieran a las comunidades autónomas los recursos no invertidos con el objetivo de que éstas los puedan utilizar en su territorio. En este ámbito de la movilidad, también es necesario afrontar temas como Cercanías, el transporte por ferrocarril y el aeropuerto de Barcelona.

En tercer lugar, defendemos priorizar los grandes retos fiscales a corto plazo. Estos son: Una ejecución y distribución eficiente y eficaz de los fondos europeos, la financiación de las Comunidades Autónomas y la elaboración de una fiscalidad específica para las pymes que se adapte a sus características y necesidades.

En cuarto lugar, es necesario aprobar los aspectos que ya se habían pactado en la anterior legislatura. Entre otras cuestiones, el régimen sancionador de la morosidad, el desarrollo normativo previsto y la Ley de Mecenazgo.

Finalmente, todas estas medidas económicas y empresariales -y el resto- deberían coordinarse dentro de una política económica concertada con el tejido empresarial.

FUENTE: https://www.eleconomista.es/