Los colectivos profesionales alertan de que la iniciativa de las comunidades para dinamizar la construcción puede generar inseguridad jurídica.
Retrasos injustificados, un calvario de papeles para los profesionales y sobrecostes que repercuten en los ciudadanos. La mala fama precede a las licencias urbanísticas, caballo de batalla del sector promotor y constructor desde hace años. Con la crisis del coronavirus, y dentro de las medidas para dinamizar la economía, algunas Administraciones autonómicas han anunciado la supresión de muchos de estos trámites. Pero a los colegios 
profesionales de arquitectos y arquitectos técnicos no acaba de convencerles la medida porque puede provocar “inseguridad jurídica”, especialmente si se legisla en caliente. Los expertos señalan que la eliminación de licencias no es nueva, aunque sí creen que algunos territorios están “dando una vuelta de tuerca”.
Los constructores, que desde hace años se quejan de los retrasos que provocan las licencias y citan pérdidas millonarias para todas las partes, replican que en el actual sistema también pueden aflorar deficiencias durante la obra. “Hay que confiar en que los profesionales que tenemos en este país realizan su trabajo en base a la normativa aplicable en cada municipio y para eso están los visados de los colegios profesionales”, indica Daniel Cuervo.
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FUENTE: https://elpais.com/
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