El recorte del gasto en nuevos contratos y la paralización administrativa provocada por la crisis del coronavirus ha derribado la licitación de obra pública en España, dejando los ingresos de ingenierías y constructoras supeditados a la inercia de los proyectos nacionales ya adjudicados y a la evolución todavía incierta de su predominante cartera internacional.

Si bien las obras en ejecución solo se detuvieron durante las dos semanas de hibernación que se decretaron en abril, el Gobierno frenó la firma de nuevos contratos para contener el gasto presupuestario y concentrarlo en prestaciones sociales y material sanitario.

De ahí que en los cuatro primeros meses del año, la licitación pública se hundiera un 43% con respecto al mismo periodo de 2019, según Seopan, la patronal del sector. El total acumulado al cierre de abril es de 3.691 millones de euros en contratos, frente a los 6.503 millones de hace un año.

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