La política estatal ha adquirido velocidad electoral a apenas un mes para que arranque la campaña de las municipales y autonómicas del 28 de mayo. Entre viajes y actos políticos, los partidos del Gobierno y los socios parlamentarios están inmersos desde hace semanas en la fase crucial de la negociación de la ley de vivienda, con el objetivo de que salga adelante antes de que se abran las urnas.

Por los tiempos parlamentarios, el Congreso tiene muy difícil aprobar ese texto antes de que comience la campaña, pero el debate sobre la primera norma que regulará los alquileres en la democracia forzará a todos los partidos a posicionarse, incluido al PP o a las formaciones de la derecha, que se han mostrado contrarias a intervenir los precios del mercado inmobiliario.

Aunque la ley que salió del Consejo de Ministros establece un marco regulatorio a nivel estatal, las competencias de vivienda pertenecen a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y son esas instituciones las que deberán decidir, una vez aprobada la norma, si deciden aplicar los topes al alquiler que ampararía el texto. Es por esta circunstancia que los partidos progresistas están especialmente interesados en que la norma quede aprobada antes de la campaña, para poder exhibir en los actos electorales de aquí a mayo el que sería uno de los principales hitos del Gobierno.

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