Vuelve el fantasma del impuesto a los grandes propietarios de viviendas vacías. Se pactó en el año 2017 con Podemos para que la formación morada dejara pasar la Ley de Emergencia Social de la Vivienda y aunque se mantuvo en otra ley posterior de 2019, nunca se llegó a aplicar. Ahora, tres años después, la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, ha ratificado el «compromiso» de la Junta con este impuesto. Avanza que su regulación y desarrollo se abordará en el nuevo Plan de Vivienda de Extremadura, en fase de elaboración y pendiente de concertación social.

Las previsiones del Ejecutivo apuntan que aproximadamente el 16% del parque de vivienda privada está actualmente vacía, pero aún no se sabe a qué parte de ese porcentaje afectaría el nuevo impuesto.

En su día sí se aclaró que la filosofía de este tributo no es gravar a los propietarios de dos viviendas siendo la primera la residencia habitual y la segunda una casa secundaria sin alquilar. La intención es centrarse en las propiedades de entidades financieras y fondos de inversión, para obligarles a incorporar esa cartera al mercado en condiciones favorables para las familias más necesitadas.

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