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La Junta de Extremadura fijará un precio mínimo para evitar las “bajas temerarias” en los contratos públicos y asegurar la viabilidad de los proyectos de obras y servicios que salgan a licitación ante la escalada global de precios. De esta forma, en el proceso de adjudicación se dará más peso a las cuestiones técnicas, de calidad y organizativas que a la cuantía económica, que no sumará puntos adicionales si se sitúa por debajo de una determinada cifra.
Los cambios se incluyen en un nuevo decreto de medidas urgentes de mejora de calidad en la contratación pública, cuyo objetivo es reactivar la economía y crear empleo. Ha sido aprobado este miércoles en Consejo de Gobierno y según ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Juan Antonio González, será la normativa que se aplique a partir de ahora en los procesos de contratación de obras y servicios que inicie la Junta de Extremadura. «Intentamos evitar que las licitaciones públicas se vean frenadas como consecuencia del elevado precio de los materiales», ha explicado en rueda de prensa.
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Con este nuevo decreto se pretende cambiar esa dinámica para facilitar que puedan concurrir más empresas y con más margen, pues la cuantía económica tendrá menos peso a la hora de adjudicar un concurso de obra o servicio. Entre las medidas que se incluyen, está la ponderación del precio mediante la utilización de fórmulas de valoración que relacionen la calidad y el coste para evitar la presentación de “ofertas mediocres” que finalmente no se ejecuten por falta de viabilidad económica.
