Con un 35% de contratos temporales, Extremadura es la comunidad autónoma que va a tener que hacer un mayor esfuerzo para adaptarse a la nueva normativa laboral. La reforma, que entró en vigor antes de finalizar 2021, da tres meses de plazo a las empresas para adecuar las relaciones contractuales que mantienen con sus trabajadores.

Algo más de tiempo, un máximo de seis meses, tendrán para eliminar los contratos de obra y servicio, ya que desaparecen con el nuevo texto. Este modelo es muy habitual, sobre todo, en el sector de la construcción, ya que servía para establecer relaciones laborales en las que se fijaba el final de las mismas en el momento de la conclusión del proyecto para el que se había requerido a los trabajadores.

«Va a ser un problema para el sector», entiende José Luis Iglesias, gerente de Pymecon, la federación extremeña de empresas de construcción, que indica que en el ámbito de la promoción la inmensa mayoría de los contratos son a día de hoy de obra y servicio.

En ese sentido, los empresarios de la construcción consideran que son la actividad más perjudicada por la reforma laboral. Por ello, pese a cerrar el año 2021 con cifras positivas en afiliación, personas ocupadas, número de contratos firmados y de empresas registradas, licitaciones, visados e hipotecas, como certifica la Fundación Laboral de la Construcción, temen que el nuevo marco laboral lastre el crecimiento del sector. «Se ha alcanzado un acuerdo sin tener en cuenta nuestras particularidades», insisten desde Pymecon.