Los sectores que concentran más trabajadores afectados por la futura reducción de jornada ya hacen recuento de posibles daños y reclaman compensaciones. Es el caso de la construcción, cuya patronal reclama quintuplicar el actual límite de horas extraordinarias que puede hacer un trabajador, o de la hostelería, que vaticina pérdidas milmillonarias. Ambos sectores aglutinan en España a más de 2,5 millones de asalariados de los 12,5 millones que, según cálculos de Trabajo, se verán beneficiados si el recorte horario sale adelante en el Parlamento.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) arremetió este miércoles contra lo que considera una “injerencia [del Gobierno] contra el diálogo social” por intentar reducir la jornada de trabajo por ley y solo con el respaldo sindical. Ante esta medida, que solo se aplicará si consigue el aval de la mayoría suficiente en el Parlamento, los empresarios de la construcción piden elevar el límite legal de horas extra: de las 80 que actualmente fija el Estatuto de los Trabajadores piden pasar a 450 horas. Esto “supondría menos de dos horas extra al día”, puntualizan en un comunicado.

La patronal de la construcción recuerda, además, que las horas extras “son voluntarias para los trabajadores y que normalmente se abonan a un precio mayor que las ordinarias”, y también la cotización por ellas es mayor. La CNC ha asegurado que la posibilidad de hacer hasta 450 horas extra repercutiría en una mejora salarial media para los empleados que las hicieran de unos 7.000 euros al año. Sin embargo, esta demanda convive con el hecho de que, aunque solo el 6% de los asalariados declara hacer horas extraordinarias, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), muchos de los que las hacen no las cobran. El 39% de los siete millones de horas extra que se hacen cada semana en España no se retribuyen, según los datos oficiales.