Las empresas de la cadena de suministros de material de construcción, que incluye a los fabricantes y a los distribuidores, están preparando un plan para presentar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para participar en el programa de Rehabilitación de viviendas que ha anunciado su titular, José Luis Ábalos.
La pretensión es establecer vías para que las empresas de estos sectores, que incluyen a muchas pequeñas y medianas empresas, puedan acceder a los fondos comunitarios que se emplearán para la rehabilitación de edificios en busca de una mayor eficiencia energética. A tal fin, están aunando a las principales patronales relacionadas con la rehabilitación de viviendas y se apoyarán en la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), a la que pertenecen, e incluso en Cepyme o la propia CEOE para avalar el plan.
Sebastián Molinero, secretario general de Andimac (Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción), destaca la necesidad de articular un programa nacional ante la dificultad de estas pymes de acceder por si solas a los fondos comunitarios destinados a la rehabilitación. A diferencia de las grandes obras en grandes edificios, en la vivienda no hay «proyectos tractores», aunque apunta Molinero, el sector cuenta con una gran capilaridad territorial que le permite llegar hasta el último pueblo de España.
Sin embargo, la vivienda está transferida lo que dificulta su interlocución. De aquí que su pretensión es armar con el Ministerio de Transportes unas reglas comunes que facilite el acceso de cualquier propietario de vivienda a las ayudas comunitarias para hacer más eficientes sus casas.
Pero, sí la inexistencia de grandes proyectos tractores dificulta el acceso a los fondos comunitarios, el otro gran hándicap con el que se enfrenta el sector de la rehabilitación de la vivienda es la peculiaridad de la propiedad española, profundamente atomizada por familias. En anteriores planes, las ayudas se articulan generalmente a través de las comunidades de propietarios que nunca se hacen cargo de los impagos de uno o dos vecinos, lo que desincentiva a muchas empresas a participar en este tipo de operaciones de rehabilitación.
Para subsanar este problema, el plan que elevarán al Ministerio de Transportes, con competencias en vivienda, incluirá la necesidad de contar con un fondo de garantía público que avale los créditos de los propietarios evitando los posibles impagos. Y, además, las subvenciones han de ser finalistas, es decir, a los propietarios de cada una de las viviendas, y no tanto a las comunidades. Igualmente, se involucrará a los administradores de fincas.
FUENTE: https://www.eleconomista.es/