Los bancos han modificado su oferta de préstamos para la compra de una vivienda en varias ocasiones desde los meses previos a la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria. El último movimiento ha sido dejar de abonar los gastos de tasación de la vivienda y cargar con este importe, que ronda de media los 300 euros.

La nueva ley impuso a los bancos el abono del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), así como los costes de gestoría, registro y notaría, excepto las copias documentales que solicite el cliente. La primera consecuencia fue que, meses antes de la aprobación de la nueva normativa, las entidades elevaron ligeramente el precio de sus préstamos. A cambio, como reclamo para captar clientes, anunciaron que asumían el coste de la tasación y costeaban todos los gastos previos.

La norma, que entró en vigor a mediados de junio de 2019 y trasponía la directiva europea en defensa del consumidor financiero con más de tres años de retraso, puso fin a la polémica surgida entre el dictamen del Tribunal Supremo y el decreto ley aprobado por el Gobierno a finales de 2018 sobre la distribución de los gastos asociados a la constitución de las hipotecas.

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