El coste de la vivienda y las dificultades para acceder a ella son la cuarta preocupación de los españoles, según la encuesta realizada por 40dB. para EL PAÍS y la cadena SER. Aunque la Constitución indica que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, lo cierto es que a buena parte de ellos les cuesta acceder, y conservar, un hogar donde vivir con unas condiciones mínimas.

La frustración de quienes ven que les sube la hipoteca, la de los que llevan años sin conseguir un techo digno y la rabia de los jóvenes que no pueden independizarse han convertido la vivienda en un terreno de intensa confrontación política, aun cuando la inquietud sea en este caso transversal y no tenga colores partidistas.

Establecer determinados beneficios fiscales o fijar unos topes a las subidas en las áreas tensionadas, sobre cuyos efectos reales no hay consenso, son vías que el Gobierno de coalición explora y sobre las que es necesario que ambas partes alcancen acuerdos. Algo ya se ha avanzado: los alquileres con contrato vigente solo pueden subir un 2% anual. Las soluciones mágicas no existen, pero la inacción termina erosionando la confianza ciudadana en la política.

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