Extremadura tiene la segunda menor tasa de emancipación juvenil del país, una circunstancia en la que resulta clave el elevado coste que supone alquilar o comprar una casa. Los jóvenes, o más bien la falta de ellos, son también el factor que está detrás de que casi la mitad del parque de vivienda de los pequeños municipios extremeños, conforme a las estimaciones de la Junta, permanezca desocupado, en muchos casos deteriorándose de forma irremisible.

Para ayudar a paliar situaciones como estas se ponen en marcha los planes estatales de vivienda, aprobados por el Gobierno central y gestionados por las comunidades autónomas y que, entre otros apoyos, ofrecen ayudas al arrendamiento o para la compra y rehabilitación de casas en el medio rural.

Sin embargo, de estos planes Extremadura ha tenido que devolver ya cerca de cuatro millones y medio de euros. De momento, porque además hay otros 17,4 millones que están aún pendientes de justificar, por lo que al menos parte de ellos podrían peligrar, según recoge un reciente informe del Tribunal de Cuentas.

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