El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto para la constitución del Consejo de la Productividad de España, que estará conformado por personas de reconocida experiencia que puedan analizar y mejorar las políticas en el ámbito de la productividad.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa Carlos Cuerpo, explicó que el funcionamiento de este organismo va a permitir enfrentar uno de los «grandes retos» de la economía española.

La creación del Consejo es una propuesta conjunta del Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, que busca responder a la recomendación del Consejo de la Unión Europea que sostiene que los Estados miembros cuenten con un organismo que se encargue específicamente de analizar la evolución y las políticas en el ámbito de la productividad y la competitividad. Con este objetivo, se crea el Consejo de la Productividad, que tendrá entre sus funciones la elaboración de análisis económicos y estadísticos, la emisión de opiniones públicas orientadas a la evaluación, además del diagnóstico de la productividad y la competitividad de la economía española y su reparto, así como de las políticas públicas con impacto en estos ámbitos.

«El Consejo de la Productividad se crea para avanzar de forma simultánea en dos grandes objetivos: aumentar la productividad pero también mejorar su reparto, es decir, generar más riqueza y distribuirla de forma equilibrada con mejores salarios y menos horas de trabajo», explicó a través de un comunicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Entre las primeras tareas asignadas al Consejo estará el analizar las oportunidades que ofrece la IA a las empresas y trasladar el informe de Enrico Letta sobre el mercado único europeo al ámbito nacional, con el objetivo de reorientar los debates, implementar las líneas de trabajo y medidas para las empresas. El Consejo, que tendrá autonomía funcional, contará con un presidente, un vicepresidente y quince vocales, de composición paritaria, que tendrán un mandato de cinco años sin posibilidad de prórroga.