El futuro exige que las viviendas sean eficientes. En la Unión Europea, el sector de la construcción consume el 40% de la energía primaria y el 50% de las materias primas. Genera un 30% de los residuos y gasta más de un 20% del agua potable. En el caso de España, la sostenibilidad apremia por evidentes razones medioambientales, pero no solo. Nuestro país debe además asumir el reto de ajustarse a la normativa comunitaria y cumplir los compromisos adquiridos en el ámbito internacional.

La progresiva disminución de las emisiones de CO2 en los edificios figura entre los objetivos prioritarios de los principales organismos mundiales. La UE pretende liderar la descarbonización de la economía de aquí a 2050. Para conseguirlo, el llamado Marco sobre Clima y Energía para 2030 establece tres objetivos clave de cara a esa fecha. El primero consiste en disminuir un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero. El segundo, en conseguir que las renovables alcancen una cuota mínima del 32% en el consumo final de energía. El tercero persigue mejorar la eficiencia energética en un 32%. Si se quieren alcanzar estas metas, la participación del sector de la construcción resulta crucial.

En nuestro país existe la Agenda Urbana Española, un documento estratégico del Ministerio de Fomento, sin rango de ley, que camina en la misma dirección. De acuerdo con ella, en España, “de los 46,5 millones de habitantes que existen, el 80% se concentra en áreas urbanas, que suponen sólo el 20% del territorio”. Esto sitúa a nuestro país entre los que mayor porcentaje de población urbana tienen de toda la UE. De los 30 objetivos específicos que plantea el documento, uno de ellos se propone transformar el parque inmobiliario español en uno “con alta eficiencia energética y descarbonizado antes del año 2050, facilitando la transformación económicamente rentable de los edificios existentes, en edificios de consumo de energía casi nulo”.

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