Casado anuncia que las comunidades y ayuntamientos del PP no emplearán la nueva norma, que su partido pretende recurrir al Tribunal Constitucional cuando se apruebe.

Una ley que nace coja. Casi la mitad del país, la gobernada por la derecha, no aplicará la futura ley de vivienda que define un nuevo marco para el mercado de los alquileres en España. Las cinco comunidades autónomas con gobiernos del PP ―Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León y Murcia―, que suman más de 21 millones de habitantes, así como los ayuntamientos populares ―el PP tiene las alcaldías de cuatro de las ocho grandes capitales― se negarán a aplicar la norma, según ha anunciado este miércoles el presidente del PP, Pablo Casado, que critica el “intervencionismo suicida” de esta regulación. El PP se opondrá a las medidas del Gobierno para aliviar el alto coste de la vivienda en España.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, del PP, ya ha avisado de que su Gobierno se negará a aplicar ese recargo. “No vamos a recargar el IBI de viviendas vacías. Es un ataque a la propiedad privada con pocos precedentes y será inútil porque no va a ayudar a solventar un problema que existe”.

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