El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes el decreto por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa en materia de vivienda protegida. Según ha informado la portavoz del Ejecutivo extremeño, Victoria Bazaga, el objetivo es reducir trámites que afectan al funcionamiento del mercado inmobiliario y «ralentizan» la comercialización de los inmuebles.
Entre las medidas, la normativa plantea la unificación del plazo de protección en 20 años, eliminando de esta forma «disfunciones e inseguridad jurídica» derivadas de plazos variables, así como la supresión de trámites como el tanteo y retracto por parte de la Junta, que «no se habían ejercido en la práctica y que suponía una carga burocrática innecesaria».
Además, establece una fórmula automática para calcular el precio máximo de venta en transmisiones posteriores, vinculada al “módulo” vigente según el tipo de vivienda, en lugar del sistema anterior basado en el IPC y «fórmulas complejas». Con estos cambios, el Gobierno pretende «facilitar el acceso a una vivienda digna, activando el mercado de vivienda protegida y eliminando obstáculos administrativos innecesarios».
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