La Asamblea de Extremadura aprobó el pasado jueves, la Ley de Contratación Socialmente Responsable de Extremadura, la primera normativa regional en este ámbito, que según valora el secretario general de la CREEX, tiene dos objetivos primordiales: «que las obras, suministros y servicios públicos se ejecuten de manera adecuada, en tiempo, forma y coste”, y a su vez “genere valor añadido a la economía regional, generando rentabilidad a las empresas y empleo remunerado convenientemente».

Para ello, según Peinado, «es preciso que las empresas sean más responsables a la hora de licitar a los concursos y evitar el dumping, es decir, la venta a pérdida y competencia desleal, a la vez que la administración tiene que valorar criterios de adjudicación que no busquen el precio más bajo, sino la oferta más adecuada y rentable para el objetivo final, sin olvidar el que haya un retorno social de la inversión pública».

En su opinión trasladó que el contenido del contrato mínimo debería de quedar mucho «más claro y expreso» a la hora de los compromisos que debe cumplir el adjudicatario respecto a las cláusulas sociales y medioambientales, y advirtió que «el papel lo aguanta todo», y habría que ver si el adjudicatario ha cumplido con aquello a lo que se comprometió, que a lo mejor fue un criterio decisivo para llevarse el contrato.

La obligatoriedad de la licitación electrónica es uno de los aspectos novedosos de la nueva ley extremeña, con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia y un ahorro en el coste de los servicios públicos.

Los trabajos previos en comisión han permitido, además, ampliar el ámbito de aplicación de la ley a la Universidad de Extremadura, ya que inicialmente sólo afectaba a la contratación de la Junta de Extremadura y de los entes locales.

La Ley de Contratación Socialmente Responsable de Extremadura persigue la eficiencia en este ámbito, al mismo tiempo que garantiza que los contratos se encuentren sujetos al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, obligación que igualmente se traslada a los subcontratistas respecto de su personal.

La normativa extremeña entrará en vigor de forma cuasi inmediata, el próximo 1 de enero de 2019, y la constitución de la Oficina Extremeña de Supervisión en materia de contratación se ha adelantado, durante el trámite parlamentario, de 12 a 9 meses.

FUENTE: http://www.creex.es