Han pasado ya más de siete años desde que SEITT (Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre) ideo el denominado PIC (Plan de Inversión en Carreteras). El plan consistía en la movilización de 5.000 millones de euros del sector privado para acometer inversiones necesarias en la red de carreteras del estado. Las 20 actuaciones previstas incluían mejoras de capacidad, seguridad, accesos a ciudades, etc. Este plan finalmente no se materializó por dos motivos:

1) La entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017)

2) La reticencia del Ministerio de Fomento (ahora Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible) a aplicar el contrato de concesión de obra pública.

La ley de desindexación del año 2015 y su conexión directa con la Ley de contratos del sector público en su artículo 29.9 viene a limitar la rentabilidad de las concesiones a un valor equivalente al bono del tesoro público español a 10 años + 2%, en la actualidad 5,5%, lo que indudablemente inhabilita la utilización del contrato de concesión. Una rentabilidad del 5,5% no es de mercado cuando la empresa privada asume los riesgos de demanda y/o suministro, construcción (precio y plazo), conservación, explotación, financiación e inversiones para adaptar la infraestructura al progreso. Siendo consciente de las dificultades que suponen hoy día aprobar y/o modificar una ley, el RD 55/2017 en su artículo 10 otorga a la ministra de Hacienda la potestad para modificar la rentabilidad del 5,5% y adaptarla a la realidad de los riesgos que asume un inversor en el desarrollo y operación de un proyecto de infraestructuras.

Los últimos acontecimientos mundiales han provocado que los lideres europeos apuesten firmemente por priorizar la inversión en defensa. La comisión europea ha propuesto recientemente el plan «ReArm Europe«. Este plan pretende movilizar 800.000 millones de euros en los próximos cuatro años para fortalecer las capacidades militares del continente. Ya hemos escuchado al presidente del gobierno decir que en ningún caso las inversiones en defensa provocaran recortes en el gasto social, es decir, pensiones, educación, sanidad y desempleo. El nuevo plan de inversión en defensa europeo iría unido a una flexibilización de las normas de consolidación fiscal de la UE, o lo que es lo mismo, que estas inversiones no computen a efectos de endeudamiento y objetivos de déficit de los países miembros.

FUENTE  : https://www.eleconomista.es/