La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) denuncia que el abuso en la contratación de medios propios por parte de las distintas Administraciones Públicas en España está quebrando la libre competencia empresarial y reduciendo drásticamente el número de empresas que concurren a las licitaciones, lo que en estos momentos supone una seria amenaza para ejecutar a tiempo los fondos europeos y a medio plazo puede frenar la actividad económica y la creación de empleo.

Así lo pone de manifiesto un informe presentado por la patronal de la construcción a partir de datos de distintos organismos e instituciones públicas y que ve la luz tras la carta remitida desde CEOE a Bruselas para denunciar el excesivo recurso de la administración a medios propios, lo que resultó un detonante para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recabara datos y solicitara una reunión con el sector de la construcción.

Según el informe de CNC, los encargos de las AAPP a medios propios han disparado su importe un 142%, desde los 1.628 millones de euros en 2021 hasta los casi 4.000 millones en 2023. También ha crecido un 95% el número de encargos en ese periodo, de 1.888 a 3.689; tal y como se desprende de fuentes como OIReScon, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación dependiente del Ministerio de Hacienda.

Unos encargos a medios propios protagonizados fundamentalmente por las comunidades autónomas con un 45%, seguidas del sector público estatal con un 36,35% y de los entes locales con un 18,73%. A nivel geográfico, Navarra, Andalucía y Madrid concentran cerca de la mitad (45%) de todos los encargos autonómicos.

Además, este alarmante abuso queda reflejado en el elevado grado de concentración de los encargos en unos pocos medios propios. En concreto, 10 entidades instrumentales al servicio de la Administración concentraron en 2023 casi el 65% de los encargos formalizados ese año, durante el que sólo dos empresas públicas estatales coparon más del 38% de los encargos formalizados.

El informe de CNC señala los principales puntos negros de la contratación pública en España: no solo la potencial pérdida de eficiencia respecto a los fondos públicos empleados, sino también de la reducción del mercado por la posible expulsión de empresas licitadoras y del fortalecimiento de la posición competitiva y dominante de ciertas entidades. El abuso de los encargos, más allá de la renuncia a los principios de concurrencia y competencia, redunda negativamente sobre el ciudadano al afectar a contratos que podrían ejecutarse por empresas con mayor eficacia, solvencia y capacidad.