En un panorama europeo donde la vivienda protegida es un pilar fundamental para garantizar el acceso a un hogar digno, España se encuentra rezagada, con cifras alarmantes que evidencian una crisis habitacional latente. Con apenas un 2,5% de su stock de vivienda destinado a protección oficial o vivienda asequible, el país ibérico se sitúa como uno de los que tienen menor oferta de este tipo de viviendas en Europa, sólo por delante de Portugal y Rumanía, y empatado con Bulgaria, según un estudio de JLL.

Históricamente, España ha optado por un modelo centrado en la venta de viviendas protegidas, relegando el alquiler a un segundo plano. Esta estrategia, combinada con leyes del suelo que facilitan la transición de las viviendas al mercado libre, ha contribuido a una escasez crónica de viviendas asequibles en alquiler. Según datos recientes, el 36% de los hogares españoles en alquiler destinan más del 40% de sus ingresos a pagar la renta, una proporción muy por encima de la media europea.

Desde la década de los 60, cuando se impulsó el parque regulado de vivienda protegida, hasta la actualidad, España ha construido apenas 452.000 viviendas protegidas de un total de 5,9 millones. Esta marcada desaceleración en la construcción de viviendas protegidas ha dejado al país en una situación precaria, con una oferta insuficiente para atender las necesidades de la población.