Con discrepancias en alguna materia y acuerdo en lo fundamental. Así se han presentado en la Confederación Nacional de la Construcción (CNC, la patronal mayoritaria del sector) y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en una comparecencia conjunta para exigir al Gobierno un cambio radical en el actual sistema de contratación pública. Este, consideran, perjudica a empresas y trabajadores (el acento depende de si la denuncia la hace la patronal o los sindicatos), pero también a las Administraciones, que acaban con un porcentaje significativo de licitaciones que quedan desiertas.

Los empresarios ponen el foco en la Ley de desindexación de la economía española que el PP aprobó en 2015 y acabó con un sistema estable de revisión de precios que permita repercutir un aumento de costes. Los sindicatos suman, además, la Ley de contratos del sector público, también de la época de Mariano Rajoy, porque dicen que provoca una “subasta” a la baja en las ofertas que se acaba traduciendo en peores condiciones laborales.

Para la CNC, que ha actuado como anfitriona de la convocatoria en su sede de Madrid, el punto de partida es grave. El presidente de la organización, Pedro Fernández Alén, ha señalado que España ha vivido un “bienio de oro” para la contratación pública. Con el impulso de los fondos europeos, cada año se han lanzado convocatorias por alrededor de 30.000 millones.

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