Las medidas aprobadas en la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda confirman que la norma se centra solamente en una parte del mercado del alquiler: en la protección a los inquilinos y colectivos vulnerables. Mientras, el otro eje fundamental que conforma el arrendamiento, los propietarios, quedan desprovistos de seguridad jurídica, una situación que obstaculiza la generación de un clima de confianza. También, se constata que para la elaboración de esta ley no se han tenido en cuenta las observaciones y aportaciones del sector inmobiliario como principal afectado por la norma.

Tal y como se ha aprobado el texto, no parece que se esté teniendo en cuenta la realidad actual del mercado, en la que la falta de oferta de vivienda en renta es la principal problemática que está impulsando los precios al alza. Y es que es importante recordar que más del 90% del parque de alquiler es privado, al estar formado por viviendas de propietarios particulares, por lo que las actuales problemáticas del arrendamiento -resultado de políticas públicas ineficaces- y la responsabilidad de mejora de la situación, están siendo trasladadas a los arrendadores privados.

Los frutos de esta nueva ley serán recogidos en los próximos años. Esperamos poder decir que esta norma ha traído una mejor accesibilidad para las personas con menos recursos y nuestros jóvenes, seguridad jurídica para los propietarios, confianza de cara al exterior inversor y estabilidad en nuestro mercado inmobiliario.

FUENTE: https://inmodiario.com/