El precio de la vivienda protegida continúa su particular escalada en Extremadura. Tras actualizar los módulos el año pasado para amortiguar la subida de los materiales, la Junta de Extremadura ajusta ahora los precios de 2023 conforme a la subida del IPC, lo que se traduce en incrementos de entre 5.500 y 10.000 euros para los compradores. Así, en la región ya no será posible adquirir una vivienda protegida por menos de 87.900 euros más IVA, frente a los 70.900 que costaban las más baratas a inicios de 2022. El incremento es de casi un 24% pero el sector insiste en que es «absolutamente necesario» para seguir construyendo nuevas promociones.

El precio del suelo, las mayores calidades que exige el Código Técnico de Edificación o el alza del coste de los materiales de construcción y la mano de obra son los factores que según explica Juan Carlos Cotallo, presidente de la Comisión de Promotores de Pymecon y director general de la constructora Gestyona, justifican este incremento. «Más del 90% de las viviendas tienen un certificado energético por debajo de la letra F, pero todas las viviendas protegidas que estamos entregando están en la A o en la B», afirma. Esto se traduce en mejores aislamientos térmicos, ventanas y cerramientos de más calidad, aislamiento acústico, red de voz y datos en toda la vivienda o sistemas de purificación de aire que, evidentemente, hacen que el precio suba.

Cotallo explica que la demanda de este tipo de viviendas se concentra sobre todo en las grandes ciudades, donde sigue habiendo una diferencia de entre 60.000 y 70.000 euros en el precio con respecto al mercado libre. Y pone un ejemplo: la urbanización El Junquillo de Cáceres, donde ya se está levantando la sexta promoción y en los últimos años se han entregado más de 400 viviendas. «La hipoteca de estas VPO está saliendo por debajo de un alquiler y no hay que olvidar que estamos hablando de viviendas nuevas con calidades que nada tienen que ver con las de la VPO de hace unos años», afirma.