El decreto autonómico que limita las bajas temerarias en la contratación pública y permite revisar el alza del precio de los materiales no gusta al Gobierno central. La norma se aprobó el pasado marzo para dar respuesta al clamor de los empresarios (que tampoco quedaron satisfechos) y apenas tres meses después el Ministerio de Política Territorial va a iniciar negociaciones con la Junta de Extremadura por «discrepancias» en dos aspectos clave: que la oferta económica no tenga un peso superior al 60% en la adjudicación y que la cláusula de revisión de precios que se introdujo en la ley de presupuestos regionales de 2022 pueda aplicarse sobre las obras que ya estaban en ejecución antes del 1 de enero de 2021.

Pero lo cierto es que la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) la tachó de «totalmente insuficiente» y de hecho, el pasado 8 de junio un total de 58 empresas integradas en la Creex y Pymecon, que suponen más del 70% del volumen de licitación pública en Extremadura, firmaron un manifiesto en el que volvían a reiterar la necesidad de tomar medidas urgentes contra la escalada del precio de los materiales de construcción.

«El problema no es solo de las empresas, es un problema para toda la sociedad. Se está produciendo un retraso significativo en actuaciones necesarias, de construcción o mantenimiento en hospitales, centros de salud, carreteras, centros de servicios a la ciudadanía, colegios, institutos, entornos urbanos, abastecimiento y depuración de aguas, etc.», recuerdan las contratistas. Las empresas advierten de que con este panorama «va a ser tremendamente complicado, por no decir imposible, acometer la ingente cantidad de obras que se prevén a merced a los fondos europeos».

FUENTE: https://www.elperiodicoextremadura.com/