Siete meses después de empezar oficialmente la negociación de la ley de vivienda, los socios de gobierno siguen sin llegar a un acuerdo sobre la regulación de los precios de alquiler, lo que mantiene en punto muerto uno de los proyectos legislativos que más desencuentro genera en el ejecutivo de coalición.

La sustitución el pasado mes de julio de José Luis Ábalos por Raquel Sánchez al frente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) generó alguna expectativa de desbloqueo, ya que los socialistas catalanes están más familiarizados con la regulación de rentas que el PSOE, que por primera vez acaba de incluir las ideas de «congelación de rentas» y «limitación de precios» en la ponencia de su 40 Congreso Federal.

De hecho, Raquel Sánchez se acogió como alcaldesa de Gavá (Barcelona) a la ley catalana de alquileres para que su municipio fuera declarado zona de mercado tensionado y limitar los precios durante cinco años, igual que la docena de alcaldes socialistas del área metropolitana de Barcelona.

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