El desarrollo urbanístico en España se ha convertido en un proceso tedioso y largo, que ha llevado a retrasar varias décadas la aprobación de grandes proyectos beneficiosos para la economía y la generación de empleo de distintas zonas del país.

Además de la lentitud administrativa o de la politización de estos proyectos, la judicialización de los procesos urbanísticos se ha convertido en uno de los principales problemas para el sector inmobiliario, que exige una mayor seguridad jurídica para sus inversiones.

Consciente de esta reclamación histórica por parte del sector, el Gobierno está ultimando una ley que aportará seguridad jurídica a la gestión urbanística y simplificará los procesos para reducir el tiempo de tramitación de planeamientos urbanísticos. Así lo aseguró David Lucas Parrón, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, en un encuentro organizado por el Colegio de Economistas de Madrid, en el que apuntó que espera que este año «se pueda aprobar una ley que de seguridad jurídica en el planeamiento urbanístico».

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