Acuerdo sobre la Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura. La norma, que se aprobó a finales de la pasada legislatura gracias a la abstención de Podemos, no irá finalmente al Tribunal Constitucional después de que la Junta haya aceptado suprimir varios puntos de cinco artículos y hacer cambios en otros tres sobre los que el Gobierno central había manifestado alguna discrepancia. No obstante, según confirman fuentes de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, el texto no pasará nuevamente por la Asamblea de Extremadura: la Junta dará cumplimiento al acuerdo alcanzado con el Estado «a través de las correspondientes disposiciones normativas legales que al respecto considere oportunas».

La Junta y el Ejecutivo central venían negociando los aspectos en cuestión de la ley desde el pasado verano, cuando se creó la Comisión Bilateral de Cooperación, que es el órgano encargado de trabajar en estos casos para resolver las discrepancias entre el Estado y las comunidades autónomas cuando el primero cree que las segundas invaden sus competencias con alguna disposición normativa. La comisión tiene un plazo de trabajo de nueve meses y si en este periodo no se alcanza un acuerdo, el Ejecutivo eleva un recurso al Tribunal Constitucional para que se pronuncie.

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