La Administración del Estado muestra sus dudas sobre doce artículos de la nueva norma, que fue aprobada en marzo en el último pleno de la legislatura gracias a la abstención de Podemos y después de que el Gobierno regional accediera a incluir el compromiso de crear un impuesto para grandes tenedores de viviendas.

El Gobierno no plantea sus dudas sobre ese aspecto, sino sobre otras cuestiones recogidas en la nueva ley autonómica. En concreto, la Junta deberá explicar los artículos en los que recoge el deber de colaboración de las Administraciones Públicas, notarios y registradores en materia de vivienda. También la regulación sobre el derecho de retracto, que da a la Administración autonómica preferencia para comprar una vivienda protegida en caso de venta.

El Gobierno también pone en duda las infracciones que plantea la Junta por no inscribirse en el registro de agentes inmobiliarios, por incumplir los requisitos exigidos para estos profesionales, por no colaborar en la información sobre viviendas deshabitadas y por no comunicar la transmisión de viviendas protegidas.

Por último, muestra sus discrepancias sobre el artículo dedicado a la declaración de vivienda desocupada, aunque esencialmente es el mismo que ya estaba contenido en la Ley de emergencia social de la vivienda de Extremadura y que contó con el visto bueno del Tribunal Constitucional.