Desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) se asegura que “estos encargos no están justificados ni por la urgencia ni por el propio objeto social de Tragsa”

La falta de trabajo en España por la caída de la inversión pública ha desatado nuevamente las tensiones entre las constructoras y los grupos controlados por el Estado, que también participan en el mercado de obra pública a través de las encomiendas de gestión. En el punto de mira del sector constructor está Tragsa, la empresa de la Sepi especializada en trabajos en el medio rural y urgencias medioambientales que, en los últimos meses, ha recibido varios encargos de empresas y de Administraciones públicas sin pasar por el filtro del sistema de contratación pública.

En concreto, la CNC ha presentado una demanda ante los juzgados de centrales de lo contencioso administrativo contra una encomienda de Adif para construir un túnel peatonal que conecta las estaciones de cercanías de Sol y de Gran Vía en Madrid. Se trata de una obra de 3,1 millones de presupuesto. La patronal también ha recurrido el trabajo encargado por la Comunidad de Madrid para la construcción de un colegio en Arroyomolinos, un proyecto de algo más de 6 millones.

Entre los trabajos polémicos con más presupuesto sobresalen las obras de reforma de la actual sede del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. La Generalitat también recurrió a la encomienda de gestión a Tragsa para realizar esta obra, que tiene un presupuesto de unos 25 millones.

El pulso de las constructoras con Tragsa viene de lejos. En 2015, también fueron muy polémicas las obras de remodelación de la sede del Ministerio de Economía (22 millones de euros) o la construcción de los Paradores de Muxía (Galicia) y Molina de Aragón (Castilla-La Mancha), con un presupuesto conjunto próximo a los 60 millones de euros.

El grupo público presidido por Jesús Casas rechaza las críticas del sector, ya que «todas las encomiendas están justificadas». Respecto a los casos judicializados por la CNC, detalla que las obras de Adif se encomendaron «por razones de seguridad», mientras que el colegio de Arroyomolinos fue una obra a la que el anterior contratista renunció». En el caso del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, la encomienda está justificada «porque el concurso público quedó desierto».

FUENTE: http://www.fundacionlaboral.org