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«De nada van a servir las ayudas si no conseguimos dar a los jóvenes perspectivas de futuro en materia de empleo»
El nuevo Plan Estatal de Vivienda, previsto para el periodo 2018-2021, otorga a Extremadura una ayuda de 43,29 millones de euros para subvenciones. Esta cuantía supone 19 millones más que el anterior plan, el correspondiente a los años 2013-2016.
Dicho plan contempla incentivos a la compra de vivienda para los menores de 35 años en municipios de menos de 5.000 habitantes. De esta forma, se concederán subvenciones del 20% con un tope de 10.800 euros. Esta medida, en principio, pretende favorecer a aquellos que tienen menos capacidad económica o están en situación de vulnerabilidad; además, beneficia a amplias zonas rurales con más recursos para modernizar, hacer más accesibles, eficientes y sostenibles las viviendas, propuesta con la que se busca evitar la despoblación del ámbito rural.
Con estas premisas, el Plan de Vivienda sería una extraordinaria noticia para nuestra región, de no ser porque, por desgracia, las zonas rurales extremeñas carecen actualmente, en la mayoría de los casos, de oportunidades y alternativas para los jóvenes en materia de empleo. En consecuencia, es la cuestión laboral, y no la del acceso a la vivienda, la que evita la fijación de los jóvenes al medio rural.
De nada nos van a valer esas ayudas si no conseguimos darles perspectivas de futuro en materia de empleo. Para que los jóvenes tengan la necesidad de adquirir una vivienda en nuestros pueblos deben plantearse su futuro en estos lugares, algo que no van a hacer si no tienen oportunidades laborales.
Por otro lado, el plan contempla ayudas para la rehabilitación con las que puede contribuir, a priori, a actualizar el parque de viviendas de segunda mano, necesitado, sobre todo, desde el punto de vista energético. Así, las subvenciones relativas a la rehabilitación energética, aunque con algunas especificaciones y requisitos que establece la ley, serán de 12.000 euros para las unifamiliares y 8.000 en los pisos. Las cuantías ascienden al 40 por ciento de la inversión, mientras que personas con discapacidad y mayores de 65 años, con determinadas características económicas, pueden beneficiarse de hasta el 75 por ciento.
Otro aspecto a destacar es la construcción de viviendas destinadas a alquileres a precio tasado en general, e incluso la rehabilitación de casas destinadas al alquiler para personas mayores o discapacitadas, sin duda
El plan, que tiene carácter retroactivo al día 1 de enero de este año, contempla también diferentes tipos de ayudas al alquiler para colectivos desfavorecidos, si bien mucho nos tememos desde Pymecon que, teniendo en cuenta el montante total destinado al plan –tanto por parte del Estado como el aporte autonómico (el 30%)–, la mayoría de los fondos acabará destinado exclusivamente al alquiler, en detrimento de las otras líneas de ayudas. Esto obligará, incluso, a un trasvase de fondos para atender todas las solicitudes.
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En definitiva, se trata de un plan que desde la Federación consideramos insuficiente, tanto por su ambigüedad y escasez presupuestaria, a pesar de que conlleve un incremento con respecto al anterior –pues no olvidemos que engloba cuatro anualidades–, como por los objetivos que persigue, que mucho nos tememos que no lleguen a materializarse.
